Marielle Franco (1979-2018) fue una socióloga y política brasileña. Nació y se crió en la favela Complexo da Maré y allí comenzó su militancia por los derechos humanos. Se graduó en Ciencias Sociales en la Pontifica Universidad Católica de Río de Janeiro y fue Magíster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense. En 2016 fue electa concejala para la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Fue nombrada relatora de la comisión encargada de monitorear la intervención federal decretada por Michel Temer en esa ciudad. Esta medida extendía la militarización que Marielle ya denunciaba en las favelas, y que implicaba la violación sistemática de los derechos humanos. En ese contexto, el 14 de marzo de 2018 por la noche, cuando volvía a su casa en auto, fue asesinada por un grupo de sicarios.

Palabras previas

Brasil y el fin del pacto democrático

Tinta Limón

“¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine?”

M.F.

Dos años pasaron del asesinato de Marielle Franco. Veinticuatro meses desde que una mujer negra nacida y criada en una de las favelas más grande de Río de Janeiro, militante y lesbiana fue asesinada de tres tiros en la cabeza por un sicario la noche del 14 de marzo, cuando volvía de una actividad política como concejala de la Asamblea Legislativa. Junto a ella fue asesinado, también, el conductor del auto en el que viajaban, Anderson Pedro Gomes. La propia Fiscal General de la Nación denuncia, en septiembre de 2019, que la investigación es constantemente falseada, desviada de sus autores intelectuales y de las motivaciones del crimen. Fuerzas policiales y/o parapoliciales amenazan y matan a sospechosos y testigos. Políticos, comisarios y abogados montan “puestas en escena” que enturbian la investigación. Las corporaciones mediáticas hacen sus cálculos y aprietes. El mismo presidente Jair Bolsonaro y sus hijos aparecen vinculados directamente con el asesinato. A dos años del doble crimen muchas preguntas siguen sin respuesta: ¿quién mandó a matar a la quinta concejala más votada de Río de Janeiro? ¿A qué intereses responden los autores materiales del hecho, Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, ex policías enrolados en el grupo paramilitar Escritorio do crime? ¿Cuál es el vínculo personal y político entre el jefe de esta milicia, Adriano Magalhães da Nóbrega, asesinado en febrero de 2020 por la policía Militar, y Flavio Bolsonaro, senador e hijo mayor del Presidente?

El tiempo transcurrido no hace más que confirmar aquello que Marielle venía denunciando públicamente: el ostensible incremento de la violencia institucional, en especial, por parte de los batallones de la policía militar (BOPE) y el crecimiento de las grupos parapoliciales, conformadas centralmente por agentes y ex agentes de las fuerzas de seguridad. La violencia en Río de Janeiro, como en el resto de Brasil, se recrudece y los asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad tocan sus máximos históricos. La policía militar asesinó a 434 personas en los primeros cuatro meses de 2019, un año que comenzó con la incorporación del control aéreo de las favelas mediante helicópteros y francotiradores, que disparan a matar a distancia. En las zonas pobres de Río de Janeiro se vive un estado de sitio permanente. Las víctimas de la policía brasileña son hombres (99%) jóvenes (78%) negros (75%), en su gran mayoría asesinados por “resistencia a la autoridad” con disparos en la nuca. La expectativa de vida de un joven negro en una favela es de 24 años. El racismo y la guerra social son inocultables. Completa este cuadro la violencia contra las mujeres: 11 mujeres son asesinadas por día en Brasil y 13 violadas por día en el Estado de Río de Janeiro, según advertía la propia Marielle días antes de su asesinato. Laboratorio Favela es al mismo tiempo una denuncia sobre el carácter punitivista que fue adquiriendo el Estado y el violento accionar de las fuerzas de seguridad sobre las poblaciones pobres. Una política que habilita la suspensión de derechos básicos de la población de la favela, y simultáneamente sostiene y refuerza todos los estigmas que asocia a esta población con la delincuencia. La “cidade maravilhosa” es también un ejemplo brutal del modo depredador en que la fuerza extractiva del capital avanza sobre la ciudad y sus pobladores. Un plan que permite el máximo de negocios (inmobiliarios, turísticos, deportivos) hasta dejarla exhausta y quebrada financieramente. Esta ciudad exhausta y quebrada está intervenida militarmente desde 2018, luego de una década de control poblacional de las favelas.

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El cuerpo central de esta publicación está compuesto por la investigación política hecha por Marielle Franco en el 2013, en una “coyuntura caliente”, como señala su colega y amiga Lia de Mattos Rocha. Ese año debían instalarse las Unidades de Policía de Pacificación (UPP) en el Complexo da Maré, una agresiva política de seguridad puesta en práctica por el estado de Río de Janeiro desde 2008 que “criminalizan la pobreza y que tienen como hipótesis que los habitantes de las favelas son cómplices o, por lo menos, conniventes con el crimen”. Dicha investigación fue presentada por Marielle como tesis en la Maestría en Administración en la Universidad Federal Fluminense.  El Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) es la tropa de élite de la policía militar de Río de Janeiro, el pilar sobre el que se yergue el “nuevo” modelo de seguridad pública que busca aproximar la policía a la población hasta hacerla cumplir funciones sociales y comunitarias. Esta política importada desde Colombia, se inscribe en el paradigma de “guerra contra las drogas”. La “pacificación” implica un shock de orden inicial: policías militares ocupan violentamente los territorios de las favelas como modo de erradicar al crimen organizado, vinculado mayormente al tráfico de armas y drogas. Su presencia continua en las favelas vuelve a esta fuerza policial la responsable de regular y garantizar el orden. La violencia extrema es su principal recurso: casi cinco personas son asesinadas por día por la policía, en Río de Janeiro, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP). Estas políticas de ocupación territorial que criminalizan a la población de la favela se complementan con la detención y encarcelamiento masivo de personas, jóvenes negros en su abrumadora mayoría. Es la permanencia y centralidad de esta fuerza de ocupación lo que Marielle Franco caracteriza en su investigación –y que también denunciará públicamente– como militarización de la favela. Dicha militarización, agrega, implica la difusión de un clima de sospecha y miedo entre la población. Una política sustentada en la construcción (ideológica) de un sentido común que asocia pobreza con delincuencia, operación que permite suspender o relativizar los derechos de la población.

En suma, más que llevar paz a los territorios, la policía militar lleva guerra, una “guerra contra los pobres”. Además, esta política de seguridad está pensada como un discurso eficaz hacia la “opinión pública”, hacia las clases medias atemorizadas por la inseguridad y dispuestas por ello a ignorar las violaciones a  los derechos humanos. Cuando no, a desear orden y mano dura al precio de debilitar aún más el frágil pacto democrático que organizaba a la sociedad brasileña. A juicio del filósofo Vladimir Safatle, en los últimos años Brasil fue entrando en una fase cada vez más explícita de guerra civil en donde el pacto democrático se quiebra en una sociedad que tiende a radicarlizarse. La democracia estalló, no solo por la farsa republicana (el golpe institucional que destituyó a la presidenta electa, el encarcelamiento y proscripción del máximo referente del PT, quien encabezaba las encuestas para las elecciones de 2018), sino también por los niveles de violencia e impunidad con que se maneja la derecha reaccionaria y sus fuerzas de seguridad, una derecha que ignora completamente la diferencia entre la violencia simbólica de la política y la violencia real del exterminio. Las cifras de asesinatos son contundentes: un promedio de 75 activistas de derechos humanos y ambientales mueren por año en Brasil; cerca de 40 concejales e intendentes o ex intendentes fueron asesinados en todo el territorio nacional el mismo año que mataron a Marielle. En la campaña para las elecciones de 2018 –en las que ella esperaba presentarse para el cargo de vicegobernadora, acompañando al profesor Tarcísio Motta– 79 candidatos fueron asesinados: 63 a concejal, 6 a intendente, 3 a viceintendente, 4 a diputados del estado y 3 a diputados federales. Río de Janeiro fue el estado con más víctimas: 13 candidatos. La violencia aparece hoy en Brasil como una salida plausible para una sociedad deprimida y precarizada. También como salida óptima para una clase empresarial que solo es democrática en tanto el Estado le posibilite niveles de ganancias sin límites legales ni éticos ni políticos. La democracia de la derrota es también la democracia de los negocios sin límites. Contra la guerra, Marielle propone la lógica de la política, la política que se organiza en la comunidad, donde las vidas existen e importan; la política que construye una voz pública sobre la ciudad que investiga, que denuncia, que interpela. Laboratorio Favela recupera esta voz en sus distintas inflexiones: la investigación política sobre la constitución de un Estado Penal; la interpelación parlamentaria que irrumpe en un espacio misógino, patriarcal, racista y clasista; la denuncia pública en la prensa y las redes sobre la violencia mortífera de las poblaciones faveladas y el crimen organizado de las milicias.

Franco, Marielle. Laboratorio favela. Violencia y política en Río de Janeiro. Buenos Aires: Tinta limón, 2020, pp. 9-13.