Caterina Canyelles i Gamundí hizo un trabajo de campo entre los años 2013 y 2018 en diferentes juzgados de instrucción, penales y de violencia contra la mujer en las jurisdicciones de Mallorca y Cataluña, España. Tal fue la base de su tesis sobre el machismo y la cultura jurídica, que se publicó como Machismo y cultura jurídica. Etnografía del proceso judicial de la violencia de género (Virus, 2023). 

Sin embargo, descubrí con sorpresa que muchas de las observaciones de la autora sobre la práctica judicial y las conversaciones que mantuvo con distintos operadores judiciales, perfectamente se podrían trasladar a la realidad de los juzgados de familia de la calle Rondeau y Valparaíso en Montevideo. El machismo de la cultura jurídica no conoce fronteras. Por eso este libro, más allá de estar situado en la realidad española, es una referencia ineludible para toda persona interesada en los estudios de género y justicia.

Por otra parte, la ley uruguaya integral contra la violencia basada en género, de diciembre de 2017, está claramente inspirada en la Ley Orgánica 1/2004 española, pionera en regular de manera integral la respuesta estatal contra este particular tipo de violencia. De esta manera, los capítulos que la autora dedica a rastrear la «genealogía jurídica y conceptual de la violencia contra las mujeres en el marco de la pareja», así como a «las concepciones jurídicas de responsabilidad y víctima» —ampliamente documentados, por cierto— resultan, con las adecuaciones del caso, sumamente útiles para reflexionar sobre la realidad de nuestras latitudes. Las dos décadas de experiencia española en regular de manera integral la respuesta estatal contra la violencia de género son un insumo relevante para evaluar esta política pública que permite adelantarse a posibles problemas y corregir el rumbo para garantizar efectivamente el derecho a una vida libre de violencia.

Sobre lo anterior, quisiera destacar especialmente que, en el desarrollo del marco teórico y conceptual, la autora intercala parte de sus observaciones participantes en los juzgados y fragmentos de entrevistas con operadores judiciales. Así, logra bajar a tierra, con ejemplos concretos, conceptos teóricos muchas veces complejos, lo que además del inherente valor pedagógico, facilita y hace más disfrutable la lectura. Gran acierto.

Un poco de contexto

En el marco de las obligaciones de los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la respuesta judicial tiene una relevancia excluyente. Una intervención judicial oportuna, acorde y efectiva puede evitar dolor y sufrimiento innecesarios. Para ello es necesario contar con herramientas legislativas acordes, recursos económicos suficientes y funcionarios comprometidos y capacitados. Sin embargo, no debemos cargar al sistema de justicia con expectativas que es incapaz de cumplir, pues esto genera frustración y descreimiento. Hay que exigir a la justicia que cumpla con su parte, importante por cierto, pero el cambio social profundo hacia una sociedad libre de violencia basada en género no se va a lograr acumulando condenas judiciales. 

Me causó asombro leer que en España se reiteran las críticas a la implementación de las leyes integrales contra la violencia de género, en especial, sus aspectos presupuestales. Dice Canyelles: 

[l]a mayoría de las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han quedado en una respuesta estética, ya que en su puesta en práctica no ha existido la voluntad política de dotarlas de los presupuestos y recursos necesarios para que se puedan desplegar adecuadamente. Aunque en la última década se ha avanzado mucho en todos los ámbitos de actuación que prevén las leyes, siguen siendo insuficientes el ímpetu y los recursos que se destinan, y la lucha contra la violencia de género continúa encabezada por el ámbito judicial penal. [el destaque me pertenece] 

De igual manera, en Uruguay luego de más de un lustro de la sanción de la ley integral contra la violencia de género que, entre otras medidas, prevé la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, hasta el momento solo se encuentran en funcionamiento estos juzgados en las ciudades de San Carlos, Salto y, desde hace pocas semanas, Rivera. A pesar de que la ley contó con una aprobación casi unánime en el Parlamento, parece no existir el mismo entusiasmo para dotarla de los recursos necesarios para su efectivo funcionamiento y puesta en práctica.

Pero el dinero no es todo, aunque ayude, y es aquí donde reside, para mí, el gran valor de Machismo y cultura jurídica.

Contar con herramientas legales y presupuestos adecuados es importante; pero si los operadores judiciales no creen y se resisten a identificar la existencia de la discriminación por razón de género y la violencia basada en género como categoría específica, alcanzar los objetivos declarados de la ley será muy difícil.

Por eso el trabajo de Caterina Canyelles es tan importante, pues investigó una cuestión poco explorada hasta el momento, como lo es el derecho vivido, la puesta en práctica de la ley por parte de sus protagonistas. También porque indagó las creencias acerca de la violencia de género, acerca de las víctimas y del proceso contra este tipo de violencia. Logró superar la barrera de la corrección política para alcanzar el discurso oculto, íntimo y verdadero. Esto le permitió identificar con claridad los prejuicios machistas y los estereotipos de género que imperan en los juzgados, como los de buena víctima y mala víctima. A la vez, investigó de qué manera impactan estos prejuicios y estereotipos en las víctimas concretas de carne y hueso, como, por ejemplo, la revictimización permanente y los obstáculos para acceder a la tutela judicial efectiva, lo que se traduce en la reproducción de la violencia por parte, esta vez, del propio Estado.

Marco legal internacional 

Hace relativamente poco tiempo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU publicó la Recomendación N.º 35 (2017), que actualizó la anterior Recomendación N.º 19 sobre la violencia basada en género como manifestación de discriminación, dando cuenta de las obligaciones y recomendaciones a los Estados. En lo que aquí interesa, en el plano judicial el Comité recuerda que los órganos judiciales deben abstenerse de «incurrir en todo acto o práctica de discriminación o violencia por razón de género contra la mujer» y, a su vez, deben garantizar procesos imparciales, justos y no afectados por estereotipos de género e ideas preconcebidas acerca de qué constituye violencia basada en género incluidas «cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia». 

Como demuestra la investigación de Caterina Canyelles, aún estamos lejos, muy lejos, de alcanzar este estándar. En particular, la detallada descripción de la buena víctima que realiza la autora se encuentra plagada de preconceptos y estereotipos acerca de cómo debe responder una víctima ideal a la situación de violencia y cómo debe comportarse mientras transita por el laberinto judicial para no perturbar a la maquinaria judicial. Cualquier apartamiento del ideal genera frustración y cuestionamientos de los operadores judiciales. Pongo un ejemplo: una víctima que decide retirar la denuncia o que reasume la relación con su agresor.

Quisiera detenerme en una de las presunciones y prejuicios que suele escucharse con más frecuencia en el debate público: el mito de las denuncias falsas. Como dice Canyelles, no se trata de negar que puedan existir denuncias infundadas o abusivas, como sucede con cualquier otro delito. Se trata de reflexionar acerca de la sobredimensión y exageración en el discurso público de las falsas denuncias en los delitos contra la violencia de género. Al respecto, Canyelles rastrea que, según datos oficiales de la Fiscalía en España, sólo el 0,0011% de los procedimientos por falsas denuncias refieren a delitos de maltrato en la pareja. 

En Uruguay, hasta donde sé, ni siquiera existen estudios que demuestren la verdadera magnitud de las denuncias falsas en procesos de protección o delitos de género, a pesar de las afirmaciones hiperbólicas que se suelen escuchar sin ningún tipo de sustento. A partir de casos aislados, pero de pública notoriedad, los detractores de la ley integral contra la violencia de género suelen razonar mediante una generalización apresurada para ambientar un escenario de crisis de denuncias espurias que no es tal. Resulta preocupante la extensión del mito de las denuncias falsas en la sociedad, pero más cuando es propagado por responsables de llevar adelante políticas públicas.    

Articulación con otras áreas

Machismo y cultura jurídica propone una diálogo cautivante entre el derecho y la antropología, de la que el primero tiene mucho para aprender. Como dice la autora, «La antropología es capaz de brindar al derecho instrumentos de análisis más reflexivos que el propio derecho», a partir del diferente enfoque que proponen ambas disciplinas: 

La lógica jurídica general con la que me he topado durante la etnografía es dogmática, de miras fijas e inamovibles, compuesta de certezas o axiomas indiscutibles y, en muchas situaciones, no da lugar a la variación y la diversidad […] En cambio, el punto de vista desde el que parto, el antropológico, pretende aportar más riqueza y complejidad, buscando la particularidad de cada caso, es decir, la diversidad.

Por todo esto, Machismo y cultura jurídica es un libro imprescindible, un mapa para resolver el laberinto judicial al que se ven sometidas las víctimas de violencia basada en género, pero un texto que a la vez ofrece un camino para construir un sistema de justicia que garantice el acceso de las víctimas a la tutela judicial efectiva. 

Canyelles dedica un capítulo al «escenario etnográfico: dramaturgia judicial y discurso legal», en el que desarrolla la liturgia y dramaturgia del proceso judicial, la «atmósfera jurídica», en la bella expresión de la autora. Dice Canyelles: 

El derecho y también la ley están envueltos de un aura de objetividad e imparcialidad. No es de extrañar, pues, que el lugar donde cobran vida las leyes —los juzgados— sea un espacio frío, cargado de formalidad, solemnidad y muy ritualizado... El ritual judicial es desconocido por las personas externas al protocolo: es un ámbito preservado por muchas convenciones, está cargado de sobreentendidos y el lenguaje jurídico es totalmente técnico y autorreferencial. Así mismo, la composición del escenario, los tempos, la vestimenta de quien allí trabaja y todo el rito en sí son campos muy protocolizados e ininteligibles para la mayoría de la gente, lo que puede generar inseguridades y desconcierto a las personas ajenas al derecho. 

Recientemente estuvo en cartelera en Uruguay la excelente serie teatral en tres episodios Audiencias, de las autoras Inés Bortagaray y Ana Guevara, con dirección de Margarita Musto. Inspirada en la novela La ley del menor, de Ian MacEwan, con su inolvidable protagonista (la jueza Fiona Maye), la sala de audiencias de un juzgado de familia es el escenario en el que se despliegan historias que guardan relación con lo más íntimo de los personajes. 

Esta obra de teatro, al igual que el libro Machismo y cultura jurídica, tienen la enorme virtud de democratizar lo que sucede dentro de los juzgados, abrir las ventanas y puertas de par en par y renovar con frescura y luminosidad el aire de la atmósfera judicial asfixiante que describió mejor que nadie Kafka en El proceso: 

Había que esforzarse por comprender que ese gran organismo judicial en cierta manera estaba suspendido, como si flotara, y si alguien cambiaba algo en su esfera particular podía perder el suelo bajo los pies y precipitarse, mientras que el gran organismo, para paliar esa pequeña distorsión, encontrar fácilmente un repuesto en otro lugar ––todo está conectado–– y permanecería así invariable o, lo que era aún más probable, todavía más cerrado, más atento, más severo, más perverso.